Parque Tayku

Fallo con responsabilidad fiscal en caso Tayku

En caso del Parque Cultural TAYKU y el Detrimento Patrimonial por valor de $3.031.560.771,98

Contraloría auxiliar para las investigaciones profirió  fallo de responsabilidad fiscal contra tres (3) exgobernadores del Magdalena

  • El fallo de responsabilidad fiscal fue proferido contra los ex gobernadores Trino Luna Correa,  Omar Diazgranados Velásquez y la ex gobernadora encargada Sandra Rubiano Layton.
  • El mismo fallo cobija a William Rizcala Muvdi del Consorcio Unión Temporal y Edinson Vásquez en calidad de Interventor.

La Contraloría Auxiliar para las Investigaciones de la Contraloría General del Magdalena, profirió fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia en el caso que adelanta sobre el proyecto Parque Cultural Tayku, el cual estaba previsto a ejecutarse en la ciudad de Santa Marta, contra los  exgobernadores del Departamento, Trino Luna Correa, Omar Diazgranados Velásquez, y la exgobernadora encargada, Sandra Rubiano Layton por el daño patrimonial causado a las arcas del Departamento del Magdalena, que asciende a un valor de $3.031.560.771,98.

En lo que respecta al exgobernador Trino Luna Correa, es cobijado según el fallo por ejercer gestión fiscal antieconómica e ineficiente lo cual incidió en la producción del daño al patrimonio del Estado, teniendo en cuenta que durante el cargo de Gobernador del Magdalena, fue uno de los  responsables de la fase de planeación del contrato de Obras Públicas Nº 081 de 2007, y no ejerció vigilancia y control durante la planeación del contrato, aconteciendo fallas administrativas y técnicas, las cuales fueron determinantes para el fracaso del proyecto, así como también se generó la no firma de los planos y la mala estructuración de los diseños, que conllevaron a que se ampliara la ejecución del contrato a un plazo superior al estipulado y aún con todos estos errores se adelantó el proceso licitatorio sin contar con los estudios previos necesarios para ello.

En lo que respecta a la exgobernadora Sandra Rubiano Layton, señala la providencia que se le adjudica el ordenar el inicio del proyecto parque Taykú, sin contar con la debida licencia de construcción, incumpliendo lo señalado en los artículos 99 y 103 de la Ley 388 de 1997, lo que generó posteriormente una orden de suspensión de las obras por el término de 45 días, con mayores costos y permanencia en la obra, además de no verificar junto con el interventor el estado de la obra lo cual se constituyó en omisiones que fueron definitivas para que el proyecto se frustrara.

En cuanto al exgobernador Omar Diazgranados Velásquez, es cobijado en la providencia en mención, por ejercer de acuerdo con las investigaciones, una gestión fiscal irregular, antieconómica e ineficiente, en razón a que si bien es cierto que no celebró el contrato objeto de investigación, no debió  limitarse a liquidar el contrato si no por el contrario, debió realizar las gestiones contractuales-administrativas tendientes y necesarias  para buscar el cumplimiento de los fines estatales, como era  terminar  las obras  ejecutadas mediante el contrato No. 081 del 9/02/2007.

Señala el fallo que el “comportamiento de Diazgranados Velásquez, evidenció una falta de cuidado y diligencia en el trámite y dirección de los procesos contractuales, pues se expone a unos riegos que era totalmente previsible de inejecución de las obras, o de retraso en las mismas, lo cual repercute negativamente en la comunidad que se encuentra expectante de la satisfactoria culminación de unos trabajos, que al pasar el tiempo no se cumple, y en la administración pues ha desgastado esfuerzos en el impulso de los proyectos, ha perdido tiempo, ha puesto en riegos los recursos invertidos, por una situación de exclusiva responsabilidad y resorte del Departamento del Magdalena; evidenciándose por parte del exgobernador una inexcusable omisión al ejercicio de sus funciones, pues no fue diligente ni inmaculado, propio del actuar de un funcionario de su categoría y responsabilidades; causas directas que facilitaron el actuar desviado que impone responsabilidad”.

De otra parte la providencia involucra de igual manera al ingeniero WILLIAM RIZCALA MUVDI por que no colaboró con la entidad contratante para que el objeto contratado se cumpliera a cabalidad y que este fuese de la mejor calidad; es decir el contratista, no obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, a efectos de evitar las múltiples dilaciones y entrabamientos que se presentaron en este proyecto, asi como también es incluido en el fallo el interventor de la obra, Edinson Vásquez Campo, en representación del Consorcio GAMMA, por negligencia en la coordinación, supervisión y control del proyecto, los cuales no obedecieron a los criterios legales para adelantar las obras firmando y autorizando el inicio de las mismas sin contar con las debidas licencias de construcción expedidas por una autoridad competente para ello, lo cual generó que el 28 de septiembre del 2007 se ordenara la suspensión de las obras por el incumplimiento en el pago del impuesto predial del lote destinado para el parque y por no contar con la licencia de construcción definitiva.

“Sobre las manos de los mencionados, pesó el Proyecto Parque Taykú, pues tenían dentro de sus funciones la obligación adquirida por compromiso propio de llevar a cabo un proyecto diferente para la ciudad de Santa Marta y que por causa de la indebida planeación, supervisión, estudio y sin tener presente los requisitos de ley necesarios para desarrollar la obra, el mismo nunca llego a buen término y por el contrario, los recursos inyectados al mismo, hoy se puede decir que fueron recursos mal invertidos”, reza el fallo proferido por la Contraloría Auxiliar para las Investigaciones.

Medida excluye a ex-gobernador Infante

En lo concerniente al exgobernador Francisco Infante Vergara, en su calidad de Gobernador encargado del Departamento del Magdalena, se determinó en el proceso que la conducta desplegada por este servidor público frente a los hechos investigados, no fue determinante en la inejecución del proyecto Parque Taykú, ya que desarrolló gestiones dirigidas a ejecutar el objeto contratado, tales como el pago de estampillas, pago de licencia de construcción del parque, cancelación del impuesto predial del lote en el que se construiría el proyecto, los cuales constituían un requisito obvio para continuar con la ejecución del contrato teniendo en cuenta que las mismas eran un obstáculo que impedían seguir adelante con el proyecto Parque Taykú en su momento, asi como también durante el embargo de Fonprecon, realizó las actuaciones jurídicas administrativas tendientes a la defensa de los intereses del Departamento del Magdalena, las cuales arrojan como resultado el desembargo de los dineros embargados.

Exonera asi mismo el fallo al exsecretario de Infraestructura, Jhon Guerrero, teniendo en cuenta que fue este quien denunció públicamente las irregularidades acaecidas dentro del proyecto Parque Taykù; lo que desvirtúa los cargos a él imputados, ya que este no participó en la revisión minuciosa de los estudios previos, más concretamente en la elaboración de los diseños del proyecto, los cuales no fueron debidamente elaborados, lo que forzó  la inversión de nuevos recursos, pero así mismo causó el retraso significativo de las obras.

Aclara además la providencia que sobre el mismo procede el recurso de reposición y en subsidio apelación que se deberá interponer ante el funcionario del conocimiento, una vez se notifiquen las partes de acuerdo a lo contemplado en la ley 1437 de 2011.

Antecedentes

La Contraloría General del Departamento del Magdalena por medio de su oficina de responsabilidad fiscal inicia la recopilación de la información necesaria para lograr esclarecer el caso del proyecto Parque Cultural Tayku el 10 de julio del 2008, como consecuencia de las denuncias registradas en diferentes estamentos de la sociedad incluyendo medios de comunicación y ciudadanía en general.

Mediante este auto se inicia el recaudo de material probatorio por parte de la oficina en mención y se involucra a los funcionarios a quienes hoy se les imputan cargos. En ese sentido son llamados a entregar versiones libres sobre el manejo que le dieron respectivamente al momento de encontrarse dirigiendo los destinos de la administración departamental, estableciéndose luego de conformado un comité de estudio de la problemática del proyecto, que una primera solución que se dio fue la liquidación preliminar del contrato a pesar de que la obra según el informe tenía un avance del 70%, lo cual se determinó debido a que Fonprecom embargó los recursos y el departamento por su parte se encontraba en reestructuración de pasivos por lo que no contaba con dineros propios para solventar el proyecto.

El contrato para la ejecución del mismo fue constituido por un valor de $3.200 millones donde la primera etapa era por valor de $1.266 millones y la segunda etapa con un costo de 4.466 millones, estos sujetos a aportes de la Alcaldía y la Gobernación.

De acuerdo con el material probatorio recogido en las indagaciones realizadas durante la investigación, la ejecución de las obras se paralizó en tres (3) oportunidades de la siguiente manera:

  1. Suspensión producida el 25 de septiembre del 2007, por el hecho que la construcción no poseía la licencia respectiva requerida por la ley, razón por cual se interviene la obra y paraliza por 45 días calendario mientras obtiene la licencia.
  2. La segunda suspensión se lleva a cabo con el propósito de aclarar por parte de la Gobernación los recursos disponibles y vigentes que respaldan el proyecto y asi finiquitar la construcción de la I etapa del Parque.
  3. Esta suspensión se debe al embargo de los recursos establecidos en la cuenta, por lo que la paralización se hace más que obligatoriamente hasta que se llegue a un acuerdo.

Estos hechos, según concluye la imputación de cargos denotan la falta de compromiso como autoridad, funcionarios y como ciudadanos de aquellos que a su cargo tenían las riendas del departamento para con una obra que traería progreso a la ciudad y beneficiaría a toda la comunidad, pero debido a la presunta  negligencia de funcionarios públicos, hoy se encuentra en proceso de destrucción natural pues nunca se llegó a concluir.

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